Como ya nos esta acostumbrando el Gobierno de la Concertación en conjunto con la Derecha, este Martes 3 de Septiembre, le dieron la primera aprobación al Proyecto que agrava sanciones a quienes causen daños a la propiedad privada, se encapuchen o dirijan movilizaciones. Esto debería ponernos en alerta, ya que necesitamos la unión de todos los sectores sociales en lucha, ya que con esto se afianza la política más cruel y terrible contra las organizaciones sociales descontentas con el sistema social, político y económico. Se busca incrementar la encarcelación de focos organizados que provoquen daño a la Política Neoliberal que ha encabezado la Señora Bachellet, el séquito de parásitos (Senadorxs y Diputadxs), que dicen ser la voz del Pueblo pero a la hora de aumentar sus sueldos no le consultan a nadie, que al hablarles de sus masacres tanto en dictadura como en esta seudo democracia hacen oídos sordos.
No es algo aislado toda esta ola de mensajes, noticias y escándalos creados por la prensa oficialista, como es el ejemplo de las persecuciones del pueblo mapuche, que por comerse un pedaso de chancho y recuperar lo usurpado son encarcelados por el solo motivo de acusaciones hechas por los patrones y latifundistas de este territorio de abigeato (hurto de animales), como forma de allanamientos y amedramientos, sin tener pruebas fundadas, lo cual se interrelaciona y profundiza con la Agenda Corta Antidelincuencia, la Ley de Responsabilidad Procesal Juvenil y en el caso expuesto con la Ley Antiterrorista. Además de no poder calmar aguas en diferentes sectores como fue el estudiantil, ya que este año no pudieron implementar sus famosas mesas de dialogo, que solo llevaban a la desmovilización, coaptación de dirigentes a sus filas, etc.
Ante todo lo expuesto debemos seguir fortaleciendo el trabajo de base, educar a la población, avanzar en el proceso de lucha, agilizar la coordinación con sectores de pobladores, trabajadores y etnicos, encabezar la pelea para derrocar a esta Mafia Politiquera (DC; UDI; RN; PRSD; PPD; PS; PRI Y CHILE PRIMERO) que ampara a los verdaderos Criminales que son todas las empresas transnacionales, los Latifundistas que roban nuestros recursos Naturales y que se enriquecen con el trabajo de nuestros padres y madres.
Por UTEM.
Bueno sin más que decir les dejo la Nota extraida del Senado:
Proyecto que agrava penas para quienes causen daños encapuchados fue aprobado en general.
Ahora, la iniciativa que modifica una serie de disposiciones legales para fortalecer las facultades y el accionar de las instituciones encargadas del orden público, debe ser estudiada en particular por la Comisión de Constitución.
Con 17 votos a favor, tres en contra y la abstención del senador Jaime Naranjo, el Senado aprobó en general proyecto que fortalece las instituciones encargadas del orden público entregándole facultades especiales y establece un sistema gradual de penas para quienes causen daños graves durante manifestaciones públicas.
Con esto, la iniciativa que cumple su primer trámite, fue remitido a la Comisión de Constitución para su estudio en particular, para lo cual se fijó plazo hasta el lunes 6 de octubre para presentarle indicaciones.
Votaron a favor de la idea de legislar del proyecto los senadores Andrés Allamand, Jorge Arancibia, Carlos Cantero, Andrés Chadwick, Alberto Espina, José Antonio Gómez, Antonio Horvath, Carlos Kuschel, Hernán Larraín, Evelyn Matthei, Jaime Orpis, Baldo Prokurica, Sergio Romero, Mariano Ruiz-Esquide, Hosaín Sabag, Guillermo Vásquez y Adolfo Zaldívar.
En contra lo hicieron los senadores Nelson Ávila, Jaime Gazmuri y Alejandro Navarro quienes manifestaron que la iniciativa es poco precisa y abarca materias demasiado diversas para abordarse en un solo cuerpo legal. Asimismo, señalaron que va en contra de los derechos esenciales.
Al momento de informar el proyecto en Sala, el presidente de la Comisión de Constitución, senador José Antonio Gómez, explicó que entre otras materias, a iniciativa modifica la ley de seguridad del Estado incorporando a las diversas autoridades respecto de las cuales se configura delito si se atenta contra ellas.
Entre las autoridades se incorporan el Fiscal Nacional del Ministerio Público, el Director de Investigaciones, miembros del Tribunal Constitucional, fiscales regionales, subsecretarios, intendentes regionales y el Director de Gendarmería.
También precisó que si se comete un delito contra la seguridad del Estado en que un particular es directamente afectado, esa víctima tendrá acción penal para perseguir el delito común, mientras que la acción agravada por delitos contra la seguridad del Estado sólo podrá ser interpuesta por la autoridad política. Dicha disposición fue aprobada en votación dividida por la Comisión.
El senador Gómez explicó que se incorporan multas y agravantes de las penas, si las personas que producen daños durante manifestaciones actuaron con su rostro cubierto.
Asimismo, se crea un sistema especial de cumplimiento alternativo de la pena, que permitirá conmutarla por trabajos en beneficio de la comunidad. Para ello, la propuesta otorga al tribunal la facultad para decretar estos trabajos con acuerdo del condenado, la primera y la segunda vez que se comete el delito, siempre y cuando no tenga prontuario anterior.
PERFECCIONAMIENTO
A su turno, el senador Espina respaldó los principales alcances de la iniciativa pero anticipó que presentará indicaciones tendientes a resolver de la mejor forma posible cómo se compatibiliza el derecho a reunirse públicamente con aquellas personas que abusan de esas manifestaciones para causar daños graves a la propiedad. Asimismo dijo que le parece delicado que se inhiba la posibilidad de que los particulares puedan entablar acciones judiciales por infracciones a la Ley de seguridad del Estado
El senador también anunció que espera que se reestudien las normas que establecen sanciones para quienes organizan actos donde se producen daños.
En tanto el senador Gazmuri se manifestó en contra de la iniciativa argumentando que el proyecto es heterogéneo de materias distintas y asuntos que requeriría un análisis mayor. Agregó que no le parece que los organizadores de los actos sean solidariamente responsables de los daños que se causan, pues los delitos contra la propiedad son personales.
En la misma línea el senador Ávila dijo que el proyecto apunta a restringir las libertades y a sancionar conductas que nadie se ocupa de analizar más profundamente. Argumentó que una tarea esencial de los poderes públicos, es resolver todo lo concerniente a las desigualdades en Chile y no ha visto una legislación en esa línea.
Por su parte el senador Larraín señaló que la Comisión estudió en profundidad la materia y que incluso recurrió a informes de expertos para poder abordar de mejor manera este proyecto.
Finalmente el senador Navarro señaló que no votará a favor de ninguna iniciativa de carácter punitivo mientras no se discuta en serio la crisis penitenciaria.
Con 17 votos a favor, tres en contra y la abstención del senador Jaime Naranjo, el Senado aprobó en general proyecto que fortalece las instituciones encargadas del orden público entregándole facultades especiales y establece un sistema gradual de penas para quienes causen daños graves durante manifestaciones públicas.
Con esto, la iniciativa que cumple su primer trámite, fue remitido a la Comisión de Constitución para su estudio en particular, para lo cual se fijó plazo hasta el lunes 6 de octubre para presentarle indicaciones.
Votaron a favor de la idea de legislar del proyecto los senadores Andrés Allamand, Jorge Arancibia, Carlos Cantero, Andrés Chadwick, Alberto Espina, José Antonio Gómez, Antonio Horvath, Carlos Kuschel, Hernán Larraín, Evelyn Matthei, Jaime Orpis, Baldo Prokurica, Sergio Romero, Mariano Ruiz-Esquide, Hosaín Sabag, Guillermo Vásquez y Adolfo Zaldívar.
En contra lo hicieron los senadores Nelson Ávila, Jaime Gazmuri y Alejandro Navarro quienes manifestaron que la iniciativa es poco precisa y abarca materias demasiado diversas para abordarse en un solo cuerpo legal. Asimismo, señalaron que va en contra de los derechos esenciales.
Al momento de informar el proyecto en Sala, el presidente de la Comisión de Constitución, senador José Antonio Gómez, explicó que entre otras materias, a iniciativa modifica la ley de seguridad del Estado incorporando a las diversas autoridades respecto de las cuales se configura delito si se atenta contra ellas.
Entre las autoridades se incorporan el Fiscal Nacional del Ministerio Público, el Director de Investigaciones, miembros del Tribunal Constitucional, fiscales regionales, subsecretarios, intendentes regionales y el Director de Gendarmería.
También precisó que si se comete un delito contra la seguridad del Estado en que un particular es directamente afectado, esa víctima tendrá acción penal para perseguir el delito común, mientras que la acción agravada por delitos contra la seguridad del Estado sólo podrá ser interpuesta por la autoridad política. Dicha disposición fue aprobada en votación dividida por la Comisión.
El senador Gómez explicó que se incorporan multas y agravantes de las penas, si las personas que producen daños durante manifestaciones actuaron con su rostro cubierto.
Asimismo, se crea un sistema especial de cumplimiento alternativo de la pena, que permitirá conmutarla por trabajos en beneficio de la comunidad. Para ello, la propuesta otorga al tribunal la facultad para decretar estos trabajos con acuerdo del condenado, la primera y la segunda vez que se comete el delito, siempre y cuando no tenga prontuario anterior.
PERFECCIONAMIENTO
A su turno, el senador Espina respaldó los principales alcances de la iniciativa pero anticipó que presentará indicaciones tendientes a resolver de la mejor forma posible cómo se compatibiliza el derecho a reunirse públicamente con aquellas personas que abusan de esas manifestaciones para causar daños graves a la propiedad. Asimismo dijo que le parece delicado que se inhiba la posibilidad de que los particulares puedan entablar acciones judiciales por infracciones a la Ley de seguridad del Estado
El senador también anunció que espera que se reestudien las normas que establecen sanciones para quienes organizan actos donde se producen daños.
En tanto el senador Gazmuri se manifestó en contra de la iniciativa argumentando que el proyecto es heterogéneo de materias distintas y asuntos que requeriría un análisis mayor. Agregó que no le parece que los organizadores de los actos sean solidariamente responsables de los daños que se causan, pues los delitos contra la propiedad son personales.
En la misma línea el senador Ávila dijo que el proyecto apunta a restringir las libertades y a sancionar conductas que nadie se ocupa de analizar más profundamente. Argumentó que una tarea esencial de los poderes públicos, es resolver todo lo concerniente a las desigualdades en Chile y no ha visto una legislación en esa línea.
Por su parte el senador Larraín señaló que la Comisión estudió en profundidad la materia y que incluso recurrió a informes de expertos para poder abordar de mejor manera este proyecto.
Finalmente el senador Navarro señaló que no votará a favor de ninguna iniciativa de carácter punitivo mientras no se discuta en serio la crisis penitenciaria.
